La evaluación ambiental estratégica del planeamiento territorial y urbanístico

La Directiva 2001/42 introdujo en la Unión Europea la evaluación ambiental estratégica del planeamiento, diferenciándola así de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Su transposición al ordenamiento jurídico español se ha llevado a cabo a través de dos leyes estatales, la Ley 9/2006, que establece un complejo régimen transitorio, y la Ley 21/2013, que acerca ambos tipos de evaluaciones, unificando terminología y procedimientos. El marco jurídico se completa con la legislación autonómica —ambiental y urbanística— que adapta las reglas generales contenidas en la legislación estatal básica al planeamiento territorial y urbanístico.
Este conjunto normativo da lugar a tres escenarios de conflictos: el derivado de la transposición de la Directiva; el que surge a raíz de la confrontación de la legislación estatal básica con el desarrollo legislativo autonómico; y, en último lugar, los numerosos problemas derivados de la aplicación práctica de esa normativa por las Administraciones Públicas. El resultado es un cóctel explosivo que ha terminado por convertir la evaluación ambiental estratégica en la principal causa de nulidad del planeamiento territorial y urbanístico.
La problemática es de muy diversa índole, afectando tanto al ámbito de aplicación de la normativa, la integración de los trámites ambientales en el procedimiento de elaboración del planeamiento, la determinación de la Administración y del público que debe ser consultado, el alcance de la decisión del órgano ambiental, los criterios aplicables a la evaluación, etc.
El presente trabajo aborda con rigor estas cuestiones, dando cuenta de la abundante jurisprudencia comunitaria y nacional. En sus páginas el lector podrá encontrar respuestas a los grandes problemas de la evaluación ambiental estratégica del planeamiento territorial y ambiental, como son el alcance y contenido de la evaluación, la relación entre los diferentes sujetos participantes, la unificación de los procedimientos de evaluación y de elaboración del planeamiento y la transparencia de los criterios aplicables a la evaluación.

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